Se trata de una medida recogida en el Plan Regional contra las Drogas en los institutos madrileños y que ha sido muy discutida por las familias
Las denuncias son anónimas y pueden generar que el menor inculpado sin ningún método de prueba ni respetando la presunción de inocencia acabe siendo derivado a los servicios sociales madrileños
Las familias de la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (CONFAPA) han solicitado al gobierno regional, en concreto a la Consejería de Educación, la retirada de los buzones de denuncias anónimas por consumo de drogas instalados desde hace varias semanas en los institutos madrileños. La medida recogida en el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid es una de las 75 que completan este documento y que viene a ser una apuesta personal trasladada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El plan se estructura en cuatro bloques: prevención e información, asistencia y atención, reinserción y acceso al empleo, y vigilancia y monitorización. A criterio de CONFAPA, “esa estructura es ya de por sí tendenciosa y puede generar más problemas que los que intenta solucionar”. Según Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de CONFAPA, “si bien algunas de las medidas recogidas en el plan son lógicas y entran dentro de un documento de esta naturaleza, como puede ser las medidas de formación, divulgativas, de concienciación, de colaboración con otras entidades públicas y sociales, etc., la instalación de un buzón de denuncias anónimas por el consumo de drogas podrá generar o reforzar conductas de acoso en los centros, servir de excusa para actuar de manera desproporcionada sobre el alumnado que requiere mayor atención y medios por parte del centro y, lo más grave, estigmatizar y criminalizar de manera pública al menor cuando éste haya consumido cannabis. Igualmente, el plan roza la inconstitucionalidad al poner el foco en menores e incluso, dando por hecho que los menores inmigrantes no acompañados, son de por sí población que consume droga por el simple hecho de ser extranjeros. Una auténtica salvajada”.
Señala CONFAPA que, de igual manera, se da la circunstancia de que el plan, por ejemplo, se dirija solo a los menores y no al resto de la comunidad educativa, que también puede ser objeto de consumo. ¿También se van a producir denuncias entre el profesorado?. Tampoco se refiere en ningún momento al problema del alcohol que, a criterio de las familias, sí es un problema real junto con el del consumo del tabaco, por ejemplo.
En torno a todo ello, las familias ponen el acento en la presunción de inocencia, que queda totalmente descartada en el plan, y deja al alumno o a la alumna acusados de consumir en una situación de total indefensión. El buzón, que también existe en su formato digital, no incluye ningún apartado para aportar pruebas.
“Si lo que se pretende perseguir es el tráfico de drogas - señala Mardones - estaríamos hablando de un delito, que debe ser perseguido por la Policía, y no se puede pretender sustituir a la Policía por los equipos directivos, profesorado u orientadores de los centros educativos. Es más, la Brigada de estupefacientes ya gestiona un correo electrónico al que se pueden dirigir todos aquellos interesados en denunciar la venta o distribución de drogas y que es el siguiente. Además, entendemos que esta medida no se ajusta a la legalidad. La denuncia anónima no puede ser utilizada como prueba de culpabilidad por los equipos docentes ya que vulnera el derecho de defensa y a no sufrir indefensión, tal y como marca numerosa jurisprudencia”.
Las familias también ponen en duda que este plan sea compatible con la normativa de protección de datos vigente en nuestro país, principalmente, en lo que afecta a los menores de edad.
Señala Mardones que: “las familias, por supuesto que estamos en contra del consumo de drogas, pero no entendemos por qué la Comunidad de Madrid quiere criminalizar a la juventud y estigmatizar a menores de edad. La lucha contra las drogas debe ser amplia, focalizando el problema en los productores y vendedores, detectando los puntos de venta, y no criminalizando al consumidor. Además, se da la circunstancia de que se banaliza otros consumos, como es el del alcohol o, por ejemplo, el de los medicamentos, muchos de ellos drogas, de consumo incontrolado y totalmente normalizado, que miles de personas adquieren y toman diariamente en España sin un control farmacéutico y médico continuado”.
Por último, CONFAPA señala que va a solicitar a sus asociaciones de familias que lleven a los consejos escolares solicitudes para retirar estos buzones, ya que, a su criterio, atentan contra la dignidad de los alumnos y de las alumnas, pudiendo ponerles en mayor riesgo y atentando contra sus propios derechos como menores.
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